Ricardo Gil Lavedra-Memorándum Irán: Carta Abierta a la Presidenta

Además de Gil Lavedra, la carta lleva las firmas de los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), Margarita Stolbizer (GEN), Omar De Marchi (Partido Demócrata-Mendoza), Carlos Favario (Demócrata Progresista), Claudio Lozano (Unidad Popular), Felipe Solá  (Unión Peronista) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista)
Carta Abierta a la Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández
La reciente aprobación por parte del Congreso de la Nación del memorándum de entendimiento suscrito entre el Poder Ejecutivo Nacional y  la República Islámica de Irán nos impulsa a  solicitarle, por las razones que se expondrán, que aplace  la ratificación del tratado hasta después de la realización del juicio oral y público por el encubrimiento del atentado del 18 de julio de 1994 y de la culminación del proceso de desclasificación de archivos que Ud. misma dispuso a través del decreto 2103/2012, del 31 de octubre de 2012.
La consideración del memorándum por el Congreso para su aprobación habilitó un rico debate acerca del curso de acción que es justo y correcto emprender en torno a la investigación y juzgamiento del atentado a la AMIA.
Las mayorías logradas fueron exiguas, en un tema que implica toda una política de estado. Ha quedado en claro la enorme  diversidad de opiniones y también los divergentes pareceres de muchas víctimas, familiares y organizaciones con interés directo en el problema.  También se han suscitado fundadas dudas, en vista de la laxitud del texto, tanto respecto del funcionamiento e integración de la comisión de la verdad propuesta, como de  las concretas posibilidades de practicar los interrogatorios en Teherán,  o incluso acerca del probable impacto negativo del acuerdo sobre la validez de las órdenes rojas que luego de un esfuerzo diplomático la Nación logró validar respecto de algunos imputados que hoy son figuras centrales en la política de Irán.
Con todo, también ha quedado en evidencia la necesidad de avanzar en conjunto por el camino de la verdad y la justicia. Y en  repetidas oportunidades el Poder Ejecutivo mencionó, como obstáculos a ese camino, el secreto de estado en torno  a ciertas cuestiones y la impunidad del encubrimiento local.
El juicio oral pendiente por el tramo local de encubrimiento, cuya importancia el propio Poder Ejecutivo enfatizó, y la conclusión del proceso de desclasificación de archivos, en consecuencia,  nutrirán sin duda  a la ciudadanía de mejores elementos para la adopción  de sus decisiones,
del mismo modo que pueden ofrecer a la Sra. Presidenta, una mejor y más acabada visión para juzgar la oportunidad de ratificar, o no, el memo aprobado.
La Constitución no impone plazos al Ejecutivo para la ratificación de un tratado, ni le impide al Poder Ejecutivo revisar sus decisiones ante la presencia de razones objetivas que puedan matizar o incluso hacer cambiar sus puntos de vista.
A la luz de todo ello, en homenaje a las víctimas y en aras de contribuir a la construcción de decisiones colectivas justas y durables, le pedimos que medite acabadamente la ratificación de este tratado y espere la realización de todos los debidos procesos judiciales o actos administrativos relacionados, antes de tomar la decisión de perfeccionarlo como norma internacional obligatoria para nuestra Nación.