Detectan trabajo informal y evasión en dos constructoras

Los procedimientos se llevaron a cabo a pedido de la AFIP, que es querellante en la causa, y se hicieron con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2.
Y, según precisó la oficina recaudadora, a cargo de Ricardo Echegaray, “RAGHSA SA”, una de las firmas allanadas, construyó los complejos Le Parc, tanto en Punta del Este, como los de Puerto Madero, Palermo y el de Av. Figueroa Alcorta; y, además, tiene registradas 800 propiedades construidas.
La AFIP constató una serie de irregularidades durante varios operativos de relevamientos de personal realizados en obras en construcción de la empresa "VLQ CONSTRUCCIONES S.A.". Durante la fiscalización se constataron diferencias de remuneración -por horas efectivamente trabajadas comparadas con las incluidas en las liquidaciones de sueldos- y pagos extra por fuera del salario.
Además el personal relevado manifestó que facturaba a la empresa constructora como monotributista, situación que no concordaba con el tipo, habitualidad y subordinación de las tareas desarrolladas, es decir, una relación laboral encubierta.
De esta manera, las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente VLQ Construcciones eran engañosas, ocultando de esta forma a la AFIP la realidad de los 256 trabajadores relevados.
Por su parte Raghsa, titular del proyecto inmobiliario y desarrolladora de las obras fiscalizadas por la AFIP, tercerizó y subcontrató a favor de empresas de menor solvencia, en este caso VLQ Construcciones, firma que evadió las cargas sociales de los empleados de los edificios en construcción.
Mediante un comunicado, se explicó que ello se descubrió gracias a una investigación minuciosa de los agentes de la AFIP, quienes descubrieron que la firma RAGHSA SA pagaba las cargas sociales de los empleados que estaban registrados a nombre de VLQ CONSTRUCCIONES.
El perjuicio fiscal por la maniobra de evasión suma $ 3,5 millones, conformados por $ 2,8 millones por evasión de aportes y contribuciones de la Seguridad Social durante los períodos fiscales de junio de 2011 a septiembre de 2012, y más de $700.000 retenidos a los trabajadores y no depositados al fisco.
Las obras en construcción fiscalizadas se localizan en la Ciudad de Buenos Aires. Una es una torre vidriada de oficinas de gran diseño, ubicada en el centro porteño. La segunda de las obras es un edificio de departamentos de pisos y semipisos premium, en el barrio de Belgrano, con piscina climatizada, amenities de excelencia, cocheras individuales donde el metro cuadrado alcanza los 6.000 dólares estadounidenses.
Y, en el allanamiento, se secuestró documentación para profundizar la investigación de los pagos de los salarios por fuera del recibo de sueldo y de la retención de los aportes jubilatorios de los obreros de la construcción.

Sobre la situación de los trabajadores

La situación general de los trabajadores era que se encontraban declarados, pero con una jornada laboral inferior a la real. Les abonaban sumas de dinero por conceptos remunerativos por fuera del recibo de sueldo.
Los aportes jubilatorios eran retenidos y no ingresados al Fisco, perjudicando a los trabajadores que el día de mañana necesitan de esos aportes para jubilarse.
A un trabajador que percibe sólo parcialmente su salario en blanco, o al que no le practican los aportes y contribuciones, le resulta más difícil acceder al beneficio de la jubilación. Los trabajadores de la construcción cuentan con un régimen especial que les permite acceder a la jubilación a los cincuenta y cinco (55) años, siempre que pueda acreditar los años trabajados en esta industria.

Posibles penas para las constructoras
En el caso del delito de evasión de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, por un monto tan relevante como es este caso, la ley establece una pena mínima de prisión de 3 años y medio hasta un máximo de 9 años (art. 9° de la Ley Penal Tributaria).
Además según lo establece el artículo 14° del Régimen Penal Tributario, las sociedades que realizan este tipo de maniobras son susceptibles de recibir también sanciones penales. Por este motivo VLQ CONSTRUCCIONES S.A. y RAGHSA S.A. podrían afrontar multas de hasta 10 veces la deuda verificada - $ 35 millones de pesos en este caso-, la suspensión total o parcial de actividades, la cancelación de la personería jurídica, la pérdida de beneficios estatales, la imposibilidad de contratar con el Estado Nacional.