Larroque y su pensamiento autoritario. Por Hernan Rossi

Para el referente de La Cámpora, el juicio político es un instrumento destituyente negándole así su carácter constitucional. Hasta llegó a decir, en el marco de la causa Boudou, que “no se ataca al vicepresidente, sino a la democracia”.
Con esta escueta declaración deja al desnudo lo que este entiende por democracia.
Para Larroque investigar a un funcionario implica lesionar su legitimidad, es decir, el voto habilita a todo: entrega una suerte de cheque en blanco para actuar a discreción, sin rendir ningún tipo de cuenta.
El pensamiento autoritario tiene una larga tradición y fue el alemán Carl Schmitt uno de sus referentes más conocido.
Para resumir esta concepción podemos decir que la voluntad popular se encarna en una persona que asume esa legitimidad de origen al efecto de gobernar cumpliendo con ese mandato conferido desde abajo. Los niveles de discrecionalidad aquí son infinitos ya que su funden en la responsabilidad exclusiva del que gobierna al no haber mediaciones institucionales.
El estado absolutista encuentra su razón de ser en esta concepción, el gobierno autoritario es su consumación.
Esto fue en su momento cuestionado por pensadores de la talla de Montesquieu y Locke entre otros. Para estos la forma de terminar con los excesos y las amenazas del Estado absolutista era desconcentrando el poder, conformar un esquema de división de poderes. Así la noción de república encontraba su curso. El poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no debían estar en manos de un solo detentor sino en equilibrio.
El politólogo argentino Guillermo O’donnell describió más tarde las democracias delegativas de América latina caracterizadas por su baja calidad institucional. Aquí las instituciones estaban concentradas en pocas manos, más precisamente en un Ejecutivo omnipresente y omnipotente que absorbió a los otros poderes.
Menen tenía la misma concepción política que Larroque y el actual gobierno nacional. Aquí hay una continuidad irrebatible.
El caso Boudou tiene una carga simbólica insoportable. Quedó en evidencia un Ejecutivo desesperado por garantizarle la impunidad a uno de sus integrantes. Han quedado al desnudo todo tipo de tretas para alcanzar este objetivo. Remoción de funcionarios de la Justicia, carpetazos, aprietes, renuncias sugestivas son recurrentes para garantizar la impunidad.
Larroque insiste que el voto, o su origen popular, hace del vicepresidente alguien infalible, pero nadie recuerda que en la campaña electoral Boudou haya prometido “robar”, por el contrario esto debería interpretarse como un caso de defraudación electoral (además de ser un delito). Por lo tanto, este argumento básico de Larroque no tendría cabida alguna.
Estamos pagando las consecuencias por el desmantelamiento de la República. El peronismo, con excepciones, la detesta, la considera un obstáculo para sus voraces apetencias hegemónicas. El pensamiento autoritario de Larroque encuentra sentido en esta pretensión.
¿Alguien tiene alguna duda acerca de la necesidad de recuperar el equilibrio político perdido para consagrar un nueva República democrática capaz de hacer de este país un lugar más justo e igualitario?
Pretender como Larroque que un grupo de personas tenga impunidad, aparte de ser un pensamiento elitista, también genera desigualdad.
Aunque al dirigente de La Cámpora y a Boudou no le guste “la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”.
En definitiva, la corrupción y la impunidad son las dos caras de una misma moneda: la moneda de la desigualdad.