Adrián Camps-Un nuevo intento para proteger el patrimomio arquitectónico porteño

"Como es sabido, Buenos Aires posee un patrimonio urbano y arquitectónico de gran valor que forma parte de su identidad. Parte de ese patrimonio ya ha sido reconocido y protegido a través de la creación de Áreas de Protección Histórica y la catalogación de edificios, pero muchas construcciones valiosas aún no cuentan con protección legal. Lamentablemente, los edificios catalogados en la ciudad son muy pocos", explicó el diputado. 

Según datos oficiales del GCABA, estarían en riesgo unos 100 mil edificios y los que tienen algún nivel de protección firme son menos de 10 mil. En muchos casos, sólo se le da protección cautelar a la fachada y permanentemente aparecen construcciones demolidas sin aviso. En datos del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), en el tiempo en que estuvo vigente la ley sólo se llegó a catalogar un 5% de los inmuebles que merecerían protección en la Ciudad. El 72% de los inmuebles evaluados se desestimaron y 83 fueron demolidos ilegalmente antes de que se les pudiera dar protección. 

Para Adrián Camps, "va a ser un trabajo arduo del que deberán colaborar diversos organismos, como el Ministerio de Desarrollo Urbano y el de Cultura, además de instituciones como la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la Facultad de Arquitectura, las Juntas de Estudios Históricos de los distintos barrios, los consejos comunales, organizaciones civiles y vecinales y vecinos". "Todo el tiempo nos desayunamos con la noticia de que tal o cual construcción histórica fue arrasada por intereses inmobiliarios a los que les preocupa más el precio por metro cuadrado que el  valor patrimonial, por eso nos urge reavivar este debate en la Legislatura y convertir este proyecto en ley", finalizó. 

La Ley Nº 2.548 establecía un régimen especial para los edificios construidos hasta 1941 determinándose que, ante la presentación de un pedido de obra o demolición, los inmuebles serían puestos a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que evaluaría si poseían o no valor patrimonial, proponiendo la catalogación de aquellas construcciones que así lo ameriten. Esta ley fue modificada y prorrogada en dos ocasiones, mediante las leyes 3056 y 3680; pero por falta de voluntad del bloque PRO y las reiteradas presiones del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo -CPAU-, perdió vigencia el 31 de diciembre de 2011.