El Gobierno anunció paquete de proyectos para reformar la Justicia y quitarle poder a Gils Carbó

El paquete de proyectos incluye una ley del arrepentido, para disminuir las penas a los involucrados en casos de corrupción que aporten datos a la Justicia sobre la causa; el traspaso de competencias a la Justicia de la Capital Federal; y el recorte de funciones al Ministerio Público Fiscal, que conduce Alejandra Gils Carbó, cercana al kirchnerismo.

Las iniciativas legislativas fueron presentadas en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes por la mañana en Casa de Gobierno.

Luego de suspender por medio de un decreto de necesidad y urgencia la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que estaba prevista para el 1 de marzo, el Poder Ejecutivo también anunció un proyecto para aplicar el nuevo sistema procesal penal.

En línea con esto, anunció una reforma del Ministerio Público Fiscal para que sea "compatible con el sistema acusatorio", lo que incluye la reactivación del consejo de fiscales y la creación de la figura de subprocuradores, que según Peña fue tomado de proyectos de senadores.

"Nosotros entendemos que el Ministerio Público Fiscal acumuló mucho poder en la cabeza de la estructura y eso no es compatible. Este proyecto que estamos presentando prevé muchas cosas, entre ellas incluye la figura de los subprocuradores", adelantó Garavano, que indicó que una de las propuestas corresponde al propio jefe de los senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto.

En este sentido, se designarán tres subprocuradores especializados en materia penal, derecho público y derecho privado. "Este proyecto sigue lo que se ha hecho en otras provincias como en Santa Fe e introduce una serie de cambios para organizar la Justicia e ir hacia un sistema serio donde los fiscales investiguen y los jueces garanticen el proceso", argumentó Garavano.

El macrismo exige la renuncia de Gils Carbó desde que asumió en el gobierno, el 10 de diciembre pasado, pero no logró. Como la procuradora general tiene mandato hasta 2019, el oficialismo busca como alternativa quitarle poder en las causas judiciales.

“Son seis proyectos que tienen una mirada integral sobre el crimen organizado”, aseguró por su parte Marcos Pena.

Los proyectos

En materia de seguridad, uno de los proyectos anunciados es sobre flagrancia: permite una instrucción y un juicio muy corto, cuando hay un autor conocido y de prueba sencilla. Esto alcanza a delitos federales, como narcotráfico. "Cuando se comete el delito y queda constituida la prueba, la sanción se puede resolver de manera rápida. Esto terminaría con la puerta giratoria", explicó la ministra Bullrich.

Otra iniciativa apunta a crear varias figuras para luchar contra el crimen organizado, las mafias y las bandas narcos. Se instituye así el agente revelador, esto es, un ciudadano que trabaje como si estuviese comprando drogas, bajo control del juez para capturar a una banda in fraganti.

Se crea también la figura del informante y un registro de informantes, así como la del agente encubierto, que será un personal policial que entra en una organización delictiva para obtener información. Además se prevé la entrega vigilada: se habilita a cambiar un producto ilícito y se sigue la entrega para no cortar la cadena delictiva.

El tercer proyecto de ley sobre seguridad es sobre penalización del desvío de los precursores químicos y apunta a condenar a las personas y empresas que saquen insumos del circuito legal para la fabricación de drogas.

En materia de Justicia, el Poder Ejecutivo promoverá un proyecto para crear el fuero de instrucción y correccional, dedicado a atender los casos de flagrancia.

Un quinto proyecto establece la conversión de tribunales orales criminales en tribunales orales y federales. Hoy los tribunales tienen tres jueces que deben actuar juntos, tanto para firmar juicios abreviados, como probation y otros trámites menores. Pero a partir de la sanción de esta ley, lo podrán hacer de manera individual, cuando existan penas de hasta seis años.

El sexto proyecto es la reforma de la ley del Ministerio Público para atender el traspaso de competencias y tribunales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires y crea la figura de subprocuradores.