Presupuesto 2017: expuso la Defensoría del Pueblo

Gastos y recursos

Diputados de la Ciudad de Buenos Aires escucharon las líneas de acción para el año venidero de la Defensoría del Pueblo en el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto para la administración gubernamental que remitiera a la Legislatura el Poder Ejecutivo. Al organismo se le asignan $827.180.004 y expuso su titular Alejandro Amor quien estuvo acompañado por los Adjuntos María América González, José Palmiotti, Claudio Presman y Oscar Zago.

Amor comenzó aclarando que "casi el 90% del presupuesto se destina a salarios, situación que se repite en los organismos de control de la ciudad de Buenos Aires". Y a continuación se refirió al proceso de descentralización asegurando que "para el 2017 contaremos con las últimas dos sedes que se sumarán a las 31 existentes". En este sentido, solicitó la "colaboración de los legisladores para adquirir la sede de avenida Paseo Colón que tiene 1.500 metros cuadrados sobre la que rige un contrato de locación con opción de compra, operación que se amortizaría en tres años y cuatro meses con la desvinculación de dos edificios. A partir de junio de 2017 tendremos sólo tres inmuebles alquilados, el resto de las sedes tienen comodato de uso gratuito ó convenios", aseguró.

"Con la colaboración del Minsterio de Modernización porteño estamos trabajando en un proceso de digitalización, desde el mes próximo avanzaremos con la firma digital, las comunicaciones internas y para marzo de 2017 esperamos contar con el expediente digital completo. Destinaremos $8 millones a la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico", informó el funcionario.

La segunda parte de su exposición se orientó a presentar los lineamientos de acción para el año próximo advirtiendo que "la Defensoría impulsa algunas propias y otras son producto de decisiones políticas ajenas". Mencionó como prioridades el Protocolo de Seguridad de la ciudad, el traspaso y creación de la nueva policía y de la justicia. En cuanto a discapacidad se impulsará el plan integral para el acceso al subte y otros lugares del Estado y en deportes se profundizará el control de colonias "con el trabajo sobre el sector privado sobre todo en actividades como el CrossFit", un tipo de entrenamiento compuesto por ejercicios funcionales, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad.

Destacó la relación alcanzada con la federación y clubes deportivos sobre tarifas y adelantó que "continuaremos con el seguimiento del impacto" a la vez propuso la implementación de un registro que exima de algunas responsabilidades. En el área de juventud "se apuntará al trabajo con los centros de estudiantes secundarios y universitarios y nos abocaremos a un plan de seguimiento sobre protección de datos personales en particular de menores de edad". También se afianzará el seguimiento sobre los medicamentos del PAMI y "ofreceremos un servicio legal gratuito a cargo de la Dra. María América González sobre La ley de Reparación Histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS- que se puso en marcha en agosto. Es responsabilidad indelegable de los abogados que nos desempeñamos en el Estado brindar este servicio a los jubilados de la ciudad", enfatizó.

En lo que respecta a vivienda y hábitat, Alejandro Amor celebró el plan integral de urbanización de villas que anunció el Poder Ejecutivo y solicitó promover el Centro Cultural en la Villa 1-11-14. Otra de las definiciones estuvo dirigida al transporte subterráneo de pasajeros. "Hay que dar de baja la concesión de Metrovías. SBASE debe hacerse cargo y aplicar la ampliación horaria del servicio porque antes de la privatización se realizó una reducción que puso en condición de privilegio al concesionario", afirmó. Además, aprovechando la homogeneidad de gestiones políticas que incluye a la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Nación, postuló la creación de una tarifa integrada de transporte en el área metropolitana sobre el criterio de "a mayor cantidad de viajes más descuentos para el pasajero".

También en el 2017 "será una prioridad de la Defensoría el campo de las telecomunicaciones en el que impulsaremos una reforma integral del cuadro tarifario de las empresas así como la revisión de concesiones y licencias". "Más verde, menos cemento" será otra de nuestras consignas, los límites a la construcción son responsabilidad del Estado y en ese sentido recordó "respetar el pedido de los vecinos respecto a la llamada Manzana 66, una demanda que tiene que ver con la calidad de vida". Finalmente, destacó la labor del Consejo de Medio Ambiente, encabezado por Elio Brailovsky "que acaba de elaborar un informe respecto al destino de las pilas y baterías que debe ser responsabilidad de las empresas".

El Defensor del Pueblo instó a llevar adelante una política de mediación a partir de los "logros que muestra el Centro de Mediación y Arbitraje de la Defensoría que en cuatro meses recepcionó 1976 casos, de los cuales el 75% resultó de resolución favorable y el resto está en trámite hacia el mismo resultado".

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo de control autónomo e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su creación se dispuso en la Constitución porteña de 1996 y, como tal, es la continuadora jurídica de la Controladuría General Comunal. Puede proponer leyes ante la Legislatura de la Ciudad, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.

La función de la Defensoría es proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos; supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes; controlar que las empresas de servicios públicos brinden los servicios de manera adecuada a toda la comunidad y atender las inquietudes de las personas que se sientan afectadas por abusos, negligencias o irregularidades.

La reunión que tuvo lugar esta mañana en el salón "Ciudad de Montevideo" fue presidida por el titular de la Comisión de asesoramiento permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, diputado Alejandro García (PRO) y contó con la presencia de sus pares Juan Francisco Nosiglia (SUMA+), vicepresidente II; y los diputados Carmen Polledo (PRO) -vicepresidente I de la Legislatura-, Lía Rueda, Omar Abboud, Carolina Estebarena, Cecilia de la Torre, Cristina García, Paula Villalba, Juan Pablo Arenaza, Christian Bauab, Claudio Niño, Jian Ping Yuan, Agustín Forchieri (PRO), Carlos Tomada, Juan Cruz Campagnoli (FpV), Silvia Gottero (BP), Hernán Arce (PS), Marcelo Depierro (CP), Marcelo Guouman, María Inés Gorbea y Hernán Rossi (SUMA+).