La Legislatura porteña sancionó el nuevo Código Electoral de la Ciudad

Con el objetivo de saldar una deuda histórica para la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó con 49 votos a favor y 9 en contra el nuevo Código Electoral, a través del cual se creará el Instituto de Gestión Electoral y se establece la paridad de género en las listas y el debate obligatorio entre los principales candidatos de cada fuerza política.

La medida fue sancionada luego de que en la Casa se presentaran más de 42 proyectos en ese sentido y obtuvo el acompañamiento de VJ, UC, PS, MC yBP; mientras que lo rechazó de PTS, Ev, PO y AyL. Además, desde el inicio de su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por Diego Marías (VJ)-, la normativa recibió más de 90 modificaciones.

Uno de los principales cambios fue la forma de votación, dado que la propuesta original establecía la boleta única electrónica. No obstante, tras la insistencia de Evolución por considerarla como la manera “más segura y eficaz” de emitir el sufragio, se acordó volver a la boleta única en papel. Sin embargo la iniciativa deja las puertas abiertas para que un futuro se adopte nuevas tecnologías.

La boleta deberá llevar el nombre de la agrupación política, la categoría de cargos a cubrir, nombre y apellido de los candidatos -en el caso de los cargos a jefe y vicejefe de gobierno y los primeros tres candidatos a diputados, deberá contener foto-, la fecha de la elección y la individualización de la comuna, entre otras cuestiones.

Por otro lado, la normativa prevé creación del Instituto de Gestión Electoral como ente autárquico, con personería jurídica pública estatal y autarquía financiera e independencia funcional. En lo que respecta a sus competencias, algunas de sus funciones elementales será la de “organizar y administrar el proceso electoral tomando parte en todas las instancias correspondientes”, “distribuir el aporte público para el financiamiento de las campañas electorales y el espacio en los medios de publicidad de campaña”, “programar y ejecutar las actividades logísticas y de aprovisionamiento de materiales para el correcto funcionamiento del proceso electoral”, “establecer los lugares de votación y habilita las mesas receptoras de votos en cada uno de los establecimientos”, entre otras cuestiones.

El organismo estará a cargo de un director, el cual será propuesto por el Gobierno porteño y que será ratificado por la Legislatura porteña; durará en el cargo cinco años, con posibilidad de una nueva designación por igual periodo y por única vez.

Asimismo, la iniciativa también establece la obligatoriedad de que se realicen debates públicos entre los candidatos a jefe de gobierno, los primeros candidatos correspondientes a cada lista oficializada y miembros de Junta Comunal. A su vez el texto sostiene que en el caso de ausencia de algunas de las partes, el debate se realizará igual, dejando un lugar vacío visible con el nombre del ausente y su agrupación política. Uno de los importantes cambios que tendrá la medida, es que el candidato que no participe del mismo será multado.

El Instituto de Gestión Electoral tendrá a cargo la organización del debate y arbitrará los medios necesarios para efectuar su grabación, la que deberá encontrarse disponible en su página web oficial. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizará una veeduría del proceso de organización de los debates y su sustanciación; además, emitirá un informe de carácter público de cada debate en el que dará cuenta del trabajo realizado y los temas.

A su vez, la Ley fomenta la paridad de género en la conformación de listas. Es así que las nóminas de todas las agrupaciones políticas que presenten precandidatos para cargos colegiados en el ámbito de la Ciudad deben conformarse utilizando el mecanismo de alternancia por género, de forma tal de no incluir a dos personas de un mismo género en orden consecutivo. Cuando se trate de nóminas impares la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno.

También se crea el Tribunal Electoral, el cual estará compuesto por el titular del Juzgado Electoral -quien ejercerá su presidencia-, un juez de de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y un juez de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. El mismo se integrará en los 15 días posteriores a la Convocatoria a elecciones para la renovación de autoridades locales, o en su caso, dentro de los cinco días de convocada la elección de convencionales constituyentes, el referéndum o la consulta popular.

Este Tribunal “administra justicia y dirime los conflictos que en materia electoral se susciten en el marco de la elección de autoridades locales y convencionales constituyentes de la Ciudad, así como también en consultas populares y referéndum”; “oficializa las alianzas y listas de precandidatos y candidatos a cargos públicos electivos”; “fiscaliza el desarrollo y juzga la validez de los comicios convocados para la renovación de autoridades, institutos de consulta y participación ciudadana y elección de convencionales constituyentes de la Ciudad”; entre otras cuestiones.

Por otra parte, el Código establece que los extranjeros desde los 16 años están habilitados para votar siempre que tengan la calidad de ‘residente permanente’ en el país en los términos de la legislación de migraciones y que posean documento nacional de identidad de extranjero con domicilio radicado en la Ciudad.

Cabe destacar que algunos aspectos de la medida comenzarán a aplicarse durante el 2019, tal y como es el caso de la paridad de género y la posibilidad de unificar o desdoblar las elecciones. Mientras que a partir del 2021 comenzará a regir la norma por completo.

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Marías (VJ), resaltó que “es un gran día para esta Ciudad, esta Legislatura va a intentar honrar una deuda que lleva más de 20 años y es la sanción de su primer Código Electoral” y recordó que “en los últimos años hubo varios intentos, mejores o peores, pero por alguna razón no pudieron avanzar”.

“Es necesario e imprescindible este Código. Llevo más de ocho meses de trabajo en Comisión, realizamos más de 15 reuniones en las que participaron miembros de la Justicia, especialistas en la materia y vecinos de la Ciudad. El proyecto ha sido enriquecido y mejorado, tiene un nivel de consenso importante y real”, destacó.

Además, precisó que la norma “propone la creación de organismos electorales que no existían en la Ciudad hasta este momento; el jefe de gobierno podrá fijar su calendario electoral y podrá decidir si unifica el mismo con el calendario nacional; le damos un marco legal al debate; también los extranjeros que cumplan con los requisitos de residencia serán empadronados; entre otras cuestiones”.

En contraposición el diputado de AyL Fernando Vilardo manifestó que “parte de esta discusión está atravesada por el interés político del oficialismo, está claro que la intención era la de unificar las elecciones” y advirtió que “se discuten reglas, que limitan al conjunto de la población un instante donde pueden decidir, fuera de eso la población no tiene incidencia ni lugar; están tapando la ausencia de participación de la población entre elección y elección”. Además se preguntó ¿para qué un debate obligatorio? No estamos en contra, sin embagro, siempre se oculta lo que se va a hacer”.

Durante el debate, la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, resaltó que “una exigencia constante de nuestro bloque fue que la única posibilidad que contemple este código como alternativa en materia de tecnologías electrónicas, el Código prevé la verificación y el estudio de innovación tecnológica en la materia, sea un sistema que obligue a la impresión del voto en soporte papel”.

“Que sea introducido en la urna y asegure el conteo manual en ambas instancias del escrutinio y en las auditorias, que van a estar a cargo de la Justicia, de las agrupaciones partidarias, de los consejos y los demás observadores del proceso. Es precisamente esa función la que marca la diferencia con el voto electrónico al cual rechazamos porque no brinda las citadas garantías”, subrayó.

Por su lado, la oficialista Cecilia Ferrero (VJ) señaló que “es hecho histórico, estamos construyendo la legitimación de nuestras instituciones” y agregó que “en estos 22 años tuvimos la aplicación de las normas federales, si tardamos tanto es porque nos arreglamos bien con esas leyes, pero sabíamos que como ciudad autónoma que somos necesitábamos nuestras propias leyes; nosotros nos estamos dando nuestras propias reglas del juego político”.

A su turno, el socialista Hernán Arce (PS) remarcó que “a ningún espacio político se le puede escapar que hasta ahora estuvimos rigiéndonos por leyes nacionales que están desfasadas y que no representan los nuevos desafíos electorales” y destacó que “la aprobación de esta ley es un paso hacia adelante en la consolidación de la autonomía de esta Ciudad”.

“La consagración de la paridad de género se da en la conformación de las listas en las PASO y las elecciones generales. Las mujeres nunca pudieron superar el 37% de las bancas, este Código nos pone al día y significa un quiebre en la concepción patriarcal”, aseveró.

Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) argumentó que “el propósito de este proyecto apunta a darle al Poder Ejecutivo la capacidad de manipular el proceso electoral para su beneficio” y denunció que “lo que hoy votamos que Larreta pueda decidir cómo se vota de acuerdo a su conveniencia; nos vamos a enterar seis meses antes cuando serán las elecciones”. Asimismo, subrayó que “esta ley fue presionada por el propio presidente Mauricio Macri debido a la caída de su imagen en las encuestas, entonces de cara al 2019 necesitan algún tipo de ayuda”.

Por su lado, el diputado de Mejor Ciudad Marcelo Depierro explicó que le “cuesta mucho ser optimista con respecto de la aplicación de este Código” y afirmó que “estamos celebrando que construimos el techo de una casa cuando todavía le faltan las paredes y el suelo; no podemos avanzar en este Código si primero no tenemos una ley de partidos políticos de la Ciudad, tenemos que comprender que son preexistentes a cualquier proceso electoral”.

El oficialista José Luis Acevedo destacó que “la aprobación de este Código será histórica” y aseguró que “se trata de una herramienta que incorpora conceptos importantísimos como la ratificación de los derechos a residentes no argentinos. Consideramos que con un tiempo prudencial de residencia en el distrito, todos tenemos derecho a votar a quienes nos gobiernan o representan”.

El legislador del PTS Patricio Del Corro manifestó que “es positivo que los extranjeros tengan la posibilidad de votar, es un avance que pueda ser parte del proceso electoral, algo que hasta el momento fue completamente relegado” ; sin embargo, advirtió que la normativa “define una estructura electoral más acorde a las necesidades del Ejecutivo, esto significa inclinar un poco la cancha” y añadió que “esta ley esquiva el bulto que es el financiamiento, lo único que nos dice este proyecto es que no se pudo llegar a un consenso mayoritario entre los principales espacios políticos”.

A su vez, el presidente del bloque Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, precisó que “está claro que es una deuda que teníamos con la Ciudad, somos la única jurisdicción que carecía de un instrumento electoral local, está bien que lo tenga” y recordó que “la primera versión de este proyecto entro en 2016 pero no se comenzó a tratar hasta el 2017, no progresó porque estaba plagada de problemas de inconstitucionalidad y de dudas no resueltas que favorecían al oficialismo”.

“En 2018 volvió a entrar una nueva propuesta, en donde el oficialismo decidió escuchar y trabajar en conjunto con la oposición”, continúo y resaltó que “el proyecto original no contemplaba el empadronamiento automático de los extranjeros, nosotros lo reclamamos y pudimos avanzar en este tema”.

En otra línea, la presidenta del bloque Evolución, María Inés Gorbea, indicó que “es un momento fundamental para la vida política de nuestra Ciudad, queremos cumplir con este mandato constitucional y tener un Código transparente y con herramientas efectivas”, aunque lamentó que “se sancione este Código sin haber logrado un consenso más amplio”.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos para poder avanzar en una ley de partidos políticos y modificar la Ley N° 268 sobre financiamiento”, insistió y concluyó que “desde Evolución creemos que será saludable organizar la vida electoral con dos organismos que sean independientes; si las facultades no son bien delegadas, eso podría afectar el proceso electoral”.

Por su lado, Sergio Abrevaya (GEN) señaló que “es una deuda de 20 años, está incompleta porque nos faltan dos leyes más, fue un disparate solo posible por la falta de acuerdos; la Ciudad tiene que completar su esquema legislativo” y manifestó que “no hay manera de hacer el primer ensayo de ley propia sin resignar algunas posturas, es una ley que esta balanceada”.

“La idea de crear un Instituto Electoral que sea transparente e independiente no es tan real, los temas controversiales debería definirlos la Justicia”, completó.

En otro orden, la oficialista Natalia Fidel (VJ) insistió en que “después de más de dos años de debate y de 42 propuestas que pasaron por la Legislatura porteña, hoy podemos decir que tenemos en nuestras manos un Código Electoral maduro que permitirá tener procesos electorales modernos” y afirmó que “la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder implica un déficit de democracia; la incorporación de la Paridad de Género en las listas, es un paso fundamental para evitar ese desequilibrio histórico”.

“La creación de un Instituto de Gestión Electoral representa un hito clave en lo que respecta a la transparencia de la gestión de los procesos electorales en Argentina e, incluso, en la Región por una simple razón: muchas de las funciones administrativas que hoy están en manos del ejecutivo estarán a cargo de un Órgano autónomo integrado por profesionales expertos en la materia”, sentenció.