Hacia una política estatal autónoma de medicamentos. Por Jorge Selser

Si bien aún quedan más obstáculos legislativos que sortear, este primer paso logrado y los próximos a dar estarán enmarcados en nuestra concepción de la necesaria capacidad reguladora que debe tener el Estado, dar respuestas a las necesidades de la población capitalina, promover el desarrollo nacional integrado y autónomo de cualquier poder supranacional que pretenda mantener relaciones tutelares y de subordinación sobre decisiones que debemos tomar de manera absolutamente soberana. 

La industria del medicamento se ha constituido no solamente en uno de los polos transnacionales más poderosos, sino que en manos de los países centrales es utilizado como una herramienta de coerción política y económica sobre nuestros países. El caso paradigmático de esta coerción lo constituye el bloqueo a nuestra hermana nación de Cuba, sobre la cual se ejerce una política inmoral que los priva -entre otras cosas- del acceso a los medicamentos en condiciones igualitarias al resto de las naciones del planeta. 

Diferentes países de América Latina y de manera especial los integrados en el MerCoSur han entendido la importancia de ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, a fin de generar el desarrollo de la producción estatal de fármacos en particular pero no de manera exclusiva aquellos fármacos para patologías de raigambre regional como el Mal de Chagas. 

Mi primer compromiso, como diputado de la Ciudad, ha sido responder a las necesidades de los ciudadanos porteños sobre la accesibilidad a los medicamentos en condiciones de calidad y gratuidad. 

Es nuestra pretensión que el ejercicio pleno de los derechos a la salud de todos y cada uno no quede relegado a las capacidades económicas de nuestros vecinos, sino que el acceso a los servicios de salud, entre otros a medicamentos esenciales para la recuperación de la salud, se obtenga de manera oportuna y equitativa. 

La ausencia de una ley de producción pública de medicamentos y su puesta en práctica mediante la creación del Laboratorio Integral que surge 

de nuestro proyecto, restringe, cuando no anula para la ciudad su carácter de interlocutor necesario en el concierto tanto nacional como internacional ante los avances político que provincias hermanas productoras, el gobierno nacional u otras naciones llevan adelante. 

Nuestra ley tiene un sentido marcadamente federal, prevé la producción y prácticas de manufactura en términos de excelencia, la asignación de recurso económico financiero en salud en términos de la mayor racionalidad posible, la intervención del estado como regulador del precio de los medicamentos, y la investigación. 

En nuestro país ya existen en distintas provincias más de 35 laboratorios productores los que ha logrado un alto grado de eficiencia con capacidad para desarrollar 350 principios activos pudiendo incrementar su producción en un 1.300%. En nuestro caso, la producción de los Talleres Protegidos producían en el año 2003, 7.280.000 unidades pudiendo producir 27.500.000 esta situación no solamente no ha sido modificada sino que se ha agravado ante la sistemática desinversión y falta apoyo a los talleres. 

Es necesario que la voz de la Ciudad sea tenida en cuenta como productora de medicamentos, que no sea ajena a decisiones estratégicas que hacen a la salud de nuestras poblaciones y a la soberanía de nuestros estados.