Los diputados porteños Fabio Basteiro, Laura García Tuñón y María América González (Buenos Aires para Todos-UP) anunciaron que no acompañarán el proyecto de ley sobre Libertad de Expresión que se debatió en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, donde el bloque PRO obtuvo la aprobación del dictamen con la sociedad de la Coalición Cívica, Proyecto Sur, UCR, Bases para la Unión y el denarvaísmo.
Los diputados Basteiro, García Tuñón y González aseguraron que no le harán el juego ni al Jefe de Gobierno ni a los bloques que terminaron asociándose con un verdadero “mamarracho jurídico”. Al mismo tiempo reiteraron que defienden incondicionalmente las más amplias libertades democráticas de expresión, de prensa, de imprenta, de acceso a la información y de ejercicio de la actividad periodística, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en todo el país.
En un comunicado expresan que el dictamen aprobado no deja de ser una simple proclama literaria de defensa de la libertad de expresión para engañar al ciudadano provocando exclusivamente un efecto mediático contra gobierno nacional de turno.
Si bien esta ley reemplaza al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2, pomposamente llamado Régimen de Protección de la Libertad de Expresión, los legisladores de Buenos Aires para Todos anticiparon que no acompañarán con su voto un texto que contiene similares contenidos que el referido DNU, avanzando sobre materias jurídicas que no son competencia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dado que existen Tratados y Convenciones internacionales, con jerarquía constitucional desde 1994.
Los legisladores de Buenos Aires para Todos resaltaron que mientras el PRO y sus socios políticos de turno hablan de defender la democracia, los medios públicos Radio Ciudad y el canal Ciudad Abierta no se democratizan, se reprime a los trabajadores del Borda y de la Sala Alberdi, donde precisamente salieron heridos periodistas de diversos medios. Agregan que es obvio que
tanto el Ejecutivo Nacional, con la aplicación de la Ley de Medios, y el gobierno local, con sus aliados de turno en el dictado del proyecto en cuestión, luchan para defender monopolios estatales y privados, respectivamente, que atentan de manera encubierta contra la finalidad que dicen proteger.