Virginia González Gass-Observaciones al proyecto de ley de Libertad de Expresión

“El despacho de mayoría no toma en cuenta ninguna de las iniciativas destinadas a financiar y defender el derecho a la comunicación, propuestas inicialmente en el expediente 1296-D-2013. 

Lejos de promover verdaderos mecanismos de acceso a la comunicación, la nueva iniciativa confirma la voluntad de sublimar la autonomía federal al ámbito local, conforme a una serie de argumentos jurídicos que poco tienen que ver con profundizar la defensa irrestricta de la libertad de expresión. 

La versión retocada menciona la ley nacional Nº 27.750, de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 para limitar una posición dominante de grupos extranjeros en medios nacionales. Esto evitó que grupos concentrados pasaran a manos de sus acreedores internacionales, por su imposibilidad de enfrentar el pago de deudas adquiridas antes de la crisis de 2001. 

También menciona un decálogo de provincias que impulsaron leyes relacionadas con la libertad de prensa, en virtud del Art. 32 de la Constitución Nacional, cuando es sabido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos contrarios de manera sistemática en todas las causas de inconstitucionalidad iniciadas por el ex COMFER. 

El proyecto dice preservar a la prensa de una “desviación tiránica”, cuando el oficialismo porteño impone su mayoría sin consultar ni debatir en el recinto sus políticas públicas, e interviene sobre la potestad de la autoridad de aplicación en materia audiovisual (AFSCA) al impedir decomisos y la regulación de cuotas de contenidos en grillas de programación. 

Tampoco acepta la jurisdicción federal en materia de  telecomunicaciones y desprotege a los más débiles al impedir que se declare de “utilidad pública” un inmueble, con lo cual aquellos medios pequeños que pudieran ser expropiados por litigios entre privados no podrán resultar protegidos por esta ley. 

Como ocurrió en 2003 un grupo empresario es el principal beneficiario, puesto que el Art. 20 de la norma deja en circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a voluntad de los dueños de las empresas la decisión sobre la transferencia de paquetes accionarios, ámbito exclusivo de la autoridad federal en materia de comunicación audiovisual. 

Este DNU, camuflado en un proyecto de ley sin consensos, nunca revistió necesidad y urgencia y saca de la agenda pública la represión y apremios ilegales de la policía metropolitana en los terrenos del hospital Borda. 

Por estar imposibilitados de emitir un dictamen de minoría, al no integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales ninguno de los autores del proyecto 1296 -D- 2013 y por tener un espíritu contrario el proyecto oficial, solicitamos se desagregue el mismo del expediente en cuestión, y vuelva a ser girado a comisión para que el pleno legislativo discuta con seriedad una ley destinada a promover de manera eficiente y efectiva la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el acceso a la cultura”.