Todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.Por Virginia González Gass

El proyecto votado en la sesión de este jueves se corresponde con una práctica que apela a la confusión y al engaño. Todos los derechos ampliados en esta ley repiten cuestiones saldadas por el Congreso Nacional y los tratados internacionales, tanto en materia de servicios de comunicación audiovisual como en el ámbito de las telecomunicaciones. 

La ley 26.522 (LSCA) busca desconcentrar y abrir canales de circulación para multiplicar voces y romper el esquema unidireccional consolidado en tiempos de dictadura. En su articulado implementa mecanismos para revertir el actual escenario altamente concentrado, más allá de los afanes políticos del gobierno en turno. Por este motivo, cuestionar la capacidad del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) resulta improcedente en la Legislatura. 

La ley 19.798 Nacional de Telecomunicaciones incluye en su artículo 3º, inciso b, como parte de su jurisdicción a los servicios “que se presten en Capital Federal”. Por tal razón la autoridad de aplicación se corresponde a las actuaciones de la Secom (Secretaría de Comunicaciones) y no al ámbito de un gobierno comunal. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura puso en debate un texto casi idéntico al DNU inicial, modificado en su orden, pero no en su espíritu y contenido, y sigue violando la jurisdicción federal. Preserva los intereses concentrados de aquellas empresas que quieren dilatar su adecuación a la ley de medios en cuanto a la imposibilidad de declarar de “utilidad pública” una empresa periodística. Con lo cual, como indicara mi compañero de bloque Adrián Camps, aquellos medios comunitarios incapaces de afrontar un conflicto entre privados, no pueden ser salvaguardados por decisión de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta ley de libertad de expresión es sólo una reversión de los mandamientos del universo orwelliano de Rebelión en la Granja. “Todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”, según el chancho Napoleón. 

Así las cosas, el macrismo circunscribe -en su corral legal- los conflictos de intereses de las empresas periodísticas al ámbito del Tribunal Superior de Justicia del distrito, para que sólo quienes tienen los recursos, dilaten su situación en procesos judiciales cuyo destino obligado es la declaración de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

No resulta casual que el ingeniero Macri nunca se preocupara por los periodistas del ya desaparecido diario Crítica ni de la situación precaria de los trabajadores de prensa en otros medios; y que nunca haya creado el ente autárquico para defender el derecho a la comunicación, según lo indica el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad. 

Macri apela e viejas antinomias secesioncitas propias de la época de la Confederación Argentina; en tanto, este capítulo de la obra macrismo no instrumenta soluciones efectivas para democratizar el acceso a la cultura, a la información, y a la comunicación, como elementos básicos para garantizar la libertad de expresión. 

En estas ruinas circulares, la ley sobre libertad de expresión se transforma en cuento que, lamentablemente, usa los derechos humanos para fines distintos a su defensa irrestricta y a los intereses del pueblo.