La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González, aclara que en la actualidad para acceder a la cobertura deben reunir requisitos establecidos en la ley, es decir, no contar con otra cobertura ni servicio social que los contemple, y atravesar -en general- una situación social de vulnerabilidad. En consecuencia, se trata de atender situaciones excepcionales, que como tales requieren medidas de excepción. El universo de los beneficiarios no es tan significativo como sí lo es el beneficio que ésta cobertura importará para estas personas a las que se pretende beneficiar.
“La atención de un menor discapacitado requiere de tiempo y permanente dedicación para quien los tiene a su cargo. También, un mayor esfuerzo económico que dificulta o impide contar con el aporte a otros regímenes de seguridad social que los contengan”, señaló Horacio González. “Todo lo que hagamos en materia de legislación para otorgar plenitud de derechos a quienes resulten beneficiarios de pensiones sociales no es otra cosa que un estricto acto de justicia para acompañar su integración en la comunidad”, agregó.
Cabe señalar que, para acceder a este beneficio, el solicitante debe encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se considera que la incapacidad es total cuando la invalidez produce una disminución del 76 o más de la capacidad laboral.