HCDN:Las comisiones de Población y Legislación aprobaron un dictamen conjunto para prorrogar la ley 26.160

 El diputado nacional Antonio Riestra, presidente de la comisión, reclamó que los gobiernos provinciales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “cumplan con la constitución nacional y entreguen el dominio de las tierras que les corresponden a los pueblos originarios para poner fin a la conflictividad, la violencia, y los desalojos”.

La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con el objeto de suspender los desalojos de las tierras ocupadas por pueblos originarios y realizar un relevamiento de las mismas. Este trabajo quedó a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para lo cual se creó un Fondo de $10.000.000 anuales, con el objetivo de concretar en un plazo de tres años los objetivos de la norma.

Terminado el año 2009 el relevamiento no se había realizado, y por ello, fue necesario prorrogar la suspensión de los desalojos para seguir protegiendo esos territorios que aun carecían de título. La ley 26.554 prorrogó los plazos hasta noviembre de 2013 y otorgó otros $10.000.000 por cada año adicional.

A más de seis años de la sanción de la ley 26.160 solo se relevo el 12,48 % del territorio comprendido en el programa (197 comunidades de un total de 1578). A este paso harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo encomendado a las provincias y el I.N.A.I. 

Se le solicitó formalmente al diputado Roberto Feletti (presidente de la comisión de Presupuesto) que incluya en su agenda de trabajo el tratamiento del dictamen de la prórroga de la ley 26.160, para que pueda ser votada por la Cámara de Diputados antes del próximo 23 de noviembre.

A mediados del año 2012 se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación (A.G.N.) sobre la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas –Ley 26.160- que lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.).Según dicho informe, el I.N.A.I. no cuenta con un sistema de información “que permita identificar los grados de avance o niveles de cumplimiento planificados para el período bajo examen, respecto de las previsiones emergentes de los objetivos esenciales del programa auditado” y que no se han desarrollado “mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de sus funciones específicas”. Asimismo “no existen elementos que posibiliten relacionar armónicamente las acciones llevadas a cabo para la implementación del relevamiento territorial de poblaciones indígenas, con los recursos humanos aplicados al efecto”.

Según expresó el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), del total del presupuesto asignado al programa de la ley 26.160 ($ 60.000.000), la Auditoria General de la Nación pudo verificar que se utilizó el 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para iniciar el relevamiento de sólo el 24% del total de las comunidades, de las cuales, únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente.