La Fiscalía de Estado ratificó que no se puede entregar aguas del Río Atuel a La Pampa

 La Fiscalía desestimó el pedido de la Senadora -para que se plantee en la justicia, desde su ámbito, la nulidad del convenio- pero brindó coincidencias en el fondo de la cuestión.Laura Montero expresó su satisfacción por lo resuelto “este fue un convenio realmente lesivo para los intereses de Mendoza. No se toman en cuenta los antecedentes históricos, tampoco el fallo de la justicia y mucho menos, los tiempos hidrológicos que los hay buenos o malos. Y se quiere entregar agua sobre promesas de obras que mejorarán la eficiencia, cuando Mendoza fue perjudicada sistemáticamente en el reparto de fondos. Claramente vulnera los derechos adquiridos por los regantes. Este convenio, insisto, es inconstitucional y claramente perjudicial para la provincia y en especial, al sur mendocino”.  

“Este convenio firmado por el ex gobernador Jaque no cuenta con aval de la legislatura, no tiene consenso social, ni de la junta Honoraria de Inspecciones de cauces, ni de las subdelegaciones de agua de las cuencas sureñas. Se hizo entre gallos y medianoches y no se consultó a nadie. Lo resuelto por la Fiscalía es claro, no interviene porque no tiene aval y no se ha concretado en los hechos, y deja trascender que de avalarse esto, su postura coincide con los planteos que ya realicé al respecto”; concluyó la senadora. 

AntecedentesMendoza obtuvo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en 1987- favorable a los intereses de los regantes del oasis sur. La justicia reconoció que la Provincia tiene el derecho de irrigar 75.651 hectáreas y recién después, está obligada a escurrir agua hacia la provincia de La Pampa. Años más tarde, el ex gobernador Celso Jaque suscribió un convenio con la provincia pampeana –en la figura del gobernador. Oscar Jorge- que muy pocos pudieron conocer. Esto dio inició al Expediente. Nº 3919-S-2008 en jurisdicción del entonces Ministro de Infraestructura Vivienda y Transporte y ahora gobernador Francisco Pérez, donde quedaron establecidas las pautas de regulación, entre otros puntos, del agua del Rio Atuel. 

En aquél momento, la senadora Montero sostuvo que ese convenio cedía a los Entes creados,  facultades sobre el agua que están reservadas constitucionalmente para la Provincia y el Departamento General de Irrigación (ver adjunto). Ante la falta de respuestas del Gobierno Provincial, la senadora solicitó -14 de noviembre de 2012- al fiscal subrogante, Javier Fernández, que planteara judicialmente la nulidad de dicho convenio.

Resolución de la Fiscalía de Estado.En lo resuelto por la Fiscalía, se desprende que las pruebas ofrecidas por la Senadora Nacional concuerdan con los criterios coincidentes en la cuestión de fondo. En el dictamen legal se cuestiona duramente las cláusula décima –inciso K- y décimo segunda, del mencionado convenio. Asesoría de Gobierno también adhiere a las observaciones de ambas cláusulas y Fiscalía de Estado basa su rechazo en que el acuerdo ni siquiera fue tratado en la Legislatura mendocina, por lo cual el texto no estaría vigente en la Provincia.

Además, dicho organismo –en el apartado 4, punto 3 (ver adjunto)- expresa claramente que de concretarse este convenio sería una clara transgresión a las previsiones de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Culmina diciendo que además de no tener ratificación legislativa,  no existen actos de ejecución; dejando entrever que de darse esta situación el organismo emitirá una resolución contundente a favor de los derechos del agua en la provincia. Sostiene, como argumento, que de ser ratificado se debería modificar mediante una ley la jurisdicción territorial de Mendoza, según el artículo tercero de la Constitución Provincial, y en este caso necesitará las dos tercios de cada Cámara.