Hace exactamente 30 años, millones de argentinos recuperaban la posibilidad de elegir a sus representantes en las urnas. Aquel 30 de octubre de 1983, tras siete años y siete meses de terrorismo de estado y destrucción del aparato productivo nacional, el País inició la recuperación democrática.
En las elecciones de octubre de 1983 la fórmula integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez se impuso a nivel nacional mientras que la provincia de Buenos Aires eligió a Alejandro Armendariz y Elva Roulet para los cargos de Gobernador y Vicegobernadora.
En treinta años el Poder Legislativo de la Provincia sancionó leyes que, marcaron hitos en la política y la vida cotidiana de los bonaerenses.
Leyes que hicieron historia
La Ley 10.579, Estatuto del Docente, derogó el decreto regulador del año 1957, impuesto por un gobierno de facto, para darle a los educadores de la Provincia un marco regulatorio. La norma se votó en 1987 y meses más tarde, con la participación de algunas entidades gremiales, se le realizaron modificaciones que facilitaron su aplicación.
Tras un intento fallido en 1989, cinco años más tarde la Legislatura abrió el camino para la Reforma Constitucional de 1994, una modificación que cambió la lógica en la elaboración de la mayoría de las leyes.
La Ley 12.257, con sus modificatorias posteriores, implementó el Código de Aguas para establecer el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires.
En 1995 se sancionó la Ley de Educación de la Provincia que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el bonaerense, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella y a la Constitución Provincial.
La norma declaró a la Educación y el Conocimiento como “bienes públicos” y dejó en letra escrita que “constituyen derechos personales y sociales, garantizados por el Estado”.
En julio de 2000 se creó mediante la Ley 12.483 la Comisión Provincial por la Memoria para ayudar a “esclarecer y dar a conocer la Verdad Histórica de los hechos aberrantes ocurridos en los años de la última dictadura militar”. Desde entonces el organismo trabaja activamente por los Derechos Humanos en el territorio bonaerense.
La ley 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, prioriza la contención de los menores en el núcleo familiar a través de la implementación de programas de prevención, asistencia e inserción social,dejando en claro que la judicialización de los chicos no es el camino para la solución de sus problemas.
Desde la llegada del vicegobernador Gabriel Mariotto a la titularidad de la Cámara Alta, los ejes del trabajo legislativo estuvieron atravesados por la participación de los ciudadanos de la Provincia.
Se implementaron instancias de participación a través de Foros que permitieron recoger la opinión de ciudadanos e instituciones calificadas para aportar al debate legislativo de los temas que afectan a los bonaerenses.
La implementación de los Foros para una Seguridad Democrática permitió reunir aportes y opiniones específicas que una vez sistematizados se convirtieron en insumos esenciales para el trabajo legislativo. Fue una política que creció, mostró eficacia y permitió observar la necesidad de avanzar en otras reformas prioritarias.
Así ocurrió durante el trabajo previo a la creación por Ley del Cuerpo de Investigadores Judiciales que funcionará bajo la órbita directa del Ministerio Público, de manera no militarizada, con capacidad de brindar asistencia técnica y científica en las causas que así lo requieran.
En 2012 se convirtieron en Ley importantes iniciativas que mejoran el sistema de Justicia provincial. Se creó el cargo de Defensor General, bajo la órbita de la Procuración, con autonomía funcional y autarquía administrativa, lo que implica un cambio sustancial en la concepción de la administración de justicia.
También se logró una modificación integral de la ley 13.661 que regula el sistema de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Poder Judicial. Se agilizan así los pasos procesales y se incorpora el apartamiento preventivo de los funcionarios judiciales sospechados.
En junio de este año el Senado dio un paso más en el camino de la transparencia y votó el libre acceso a la información pública, una iniciativa que busca que los tres poderes del Estado provincial exhiban todas sus actuaciones en las páginas web de los diferentes organismos.