El Senado aprobó un régimen reparatorio para ex presos políticos unificando los proyectos de los diputados Graciela Iturraspe y Juan Carlos Díaz Roig

El proyecto de ley pretende otorgar un resarcimiento a quienes “hayan sido privados de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un Consejo de Guerra o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” entre el 6 de noviembre de 1974 (vigencia del Estado de Sitio) y el 10 de diciembre de 1983, fecha en que se retornó a la democracia en el país.

Hasta ahora, sólo tres provincias promulgaron leyes en este sentido; la última fue Buenos Aires en 2010, provincia que abona una pensión graciable de $5.172 de bolsillo, y brinda la cobertura de la Obra Social IOMA para los titulares de dicho derecho.

Cuando se promulgue la ley nacional, los beneficiarios también contarán con cobertura en la salud y percibirán un monto similar al de la Provincia de Buenos Aires, ya que la pensión graciable está atada al salario de un trabajador con categoría D del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Según el texto, impulsado por Iturraspe y Díaz Roig “la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida”.

La diputada Graciela Iturraspe (UP), sostuvo que “luego de estos años, en que por mi función como diputada nacional, he tenido el privilegio de recorrer el país, y reencontrar a muchos de estos ex presos, muy a menudo en situaciones muy duras de supervivencia, en edad jubilatoria en su mayoría, pero sin tener los años suficientes de aportes, no queriendo ser una carga para sus familias, pero muchas veces en estado de indefensión”.

 “Son los mismos, que hay sostenido la memoria, han puesto nuevamente el cuerpo en cada uno de los juicios, que se siguen llevando adelante en todo el territorio, y los que han abrazado la causa de memoria , verdad y justicia, con la gran mayoría de nuestros compatriotas”, sostuvo  la legisladora.

 “Existiendo en el país, tres provincias que ya tienen leyes de pensión para este universo de hombres y mujeres, es absolutamente necesario terminar con esta situación discriminatoria por el lugar de residencia de cada uno y tener esta ley nacional que equipare derechos a lo largo y a lo ancho del país”.