Posicionamiento de Directores de la Comisión Provincial por la Memoria

El accionar que llevamos adelante desde los diversos programas de la CPM sostiene, desde los inicios, claros principios en defensa de los derechos humanos que se han puesto de manifiesto en las múltiples intervenciones desplegadas a lo largo de más de 14 años de trabajo.

Toda nuestra tarea se ha guiado fundamentalmente por el pleno reconocimiento de la voz de las víctimas, entendiendo que este es un primer paso indispensable para su reparación. Como institución siempre hemos procedido con la convicción y el compromiso de compensar la asimetría existente entre las víctimas y sus victimarios, impulsando sus denuncias y luchando contra la trama de impunidades que conspiran contra el acceso a la justicia. Todo ello no implica cercenar el principio de inocencia.

Respecto a la resolución tomada por el plenario de Miembros de la CPM, expresamos que:

La aprobación del dictamen surgido de las actuaciones internas implica reconocer que los hechos denunciados existieron y que constituyen una conducta inadmisible para un funcionario público, cabiéndole sanción. Por lo tanto, más allá de considerar insuficiente la investigación realizada y que ésta no haya entendido plenamente demostrada la figura de acoso sexual y laboral, el comportamiento que se dio por probado es suficiente para la separación de Alejandro Mosquera de la CPM. Fundamentalmente por tratarse, el nuestro, de un organismo que lucha por los derechos humanos de manera inclaudicable y que, por tanto, debe adoptar procedimientos y decisiones políticas ejemplares. Al mismo tiempo entendemos que la renuncia presentada por el ex Secretario Ejecutivo, debe ser contextualizada en este marco. 

Queremos expresar que tanto nosotros, como los trabajadores y un amplio número de miembros de la CPM, entre los que se encuentran los presidentes y miembros de la mesa directiva, hemos bregado por una resolución guiada por los principios expuestos, postura que no pudo prosperar en el marco de un conflicto que no hemos aportado a generar, no contando con el consenso necesario dentro del órgano de decisión de la institución. Sin embargo, aún albergamos la esperanza y seguimos apostando a que nuestra querida CPM salga fortalecida de este proceso tan penoso.

Nuestros actos de cada día, están guiados por las convicciones más profundas basadas en la ética de los derechos humanos. Nos duele profundamente todo lo que ha ocurrido en este último tiempo, pero sobre todo el daño ocasionado a una trabajadora de la CPM, y no nos resignamos a que no sea debidamente reparado.

Estamos convencidos de que la potencia de la acción de la CPM, el prestigio ganado en años de conducta decidida y coherente y el acompañamiento de todos aquellos con quienes venimos recorriendo el camino de la lucha por los Derechos Humanos, no podrá ser vulnerado por el accionar de uno de sus integrantes y eso nos dará la fuerza para reparar y superar este momento.

Sandra Raggio (Directora General de Promoción y Transmisión de la Memoria) – Valeria Corfiel (Directora General de Administración) – Rodrigo Pomares (Director del Programa de Justicia y Seguridad democrática) – Samanta Salvatori (Directora del Programa de Investigación) – Magdalena Lanteri (Directora del Programa de Gestión y Preservación de Archivo) – Margarita Jarque (Directora del Programa de Litigio Estratégico) – Diego Díaz (Director de Comunicación) – María Elena Saraví (Directora del Programa Jóvenes y memoria) – Melina Boffelli (Directora de Recepción de Denuncias – Comité contra la tortura) – Alicia Romero (Directora del Programa de Inspecciones – Comité contra la Tortura) - Laura Ponisio (Directora del Museo de Arte y Memoria)