Las víctimas de violencia doméstica pueden acceder al Seguro de Empleo

La situación de violencia doméstica podrá ser acreditada mediante: 1) la notificación de su relevamiento por un organismo público nacional, provincial o municipal, o por una organización de la sociedad civil con trayectoria en la temática o en la prestación de servicios sociales; 2) la presentación por parte de la víctima de exposición o denuncia realizada sobre su padecimiento ante autoridad competente.

La Resolución lleva la firma del ministro de Trabajo,  Carlos A. Tomada.

Explica, en los considerandos, que la complejidad del fenómeno de la violencia doméstica, exige la adopción de respuestas coordinadas, variadas y multidisciplinarias desde cada uno de los sectores del Estado Nacional y particularmente, desde cada una de las políticas activas promovidas desde el Ministerio de Trabajo.

Expresa que en el ámbito nacional, provincial y municipal, se han conformado instituciones interdisciplinarias para brindar asistencia a personas que padezcan situaciones de agresión física, psicológica o económica en el ámbito familiar.

El abordaje de la violencia doméstica –agrega- debe efectuarse de manera integral y enfocarse en medidas que permitan erradicar las condiciones y circuitos de su reproducción y solapamiento.

En numerosos casos –dice- la mujer víctima de violencia doméstica se encuentra en situación de dependencia económica respecto de su agresor, circunstancia que obstaculiza la posibilidad de poner fin a su situación de padecimiento.

Asimismo –agrega-, una convivencia familiar signada por la violencia limita las capacidades de la víctima para salir del ámbito doméstico para, entre otros fines, procurar la intervención o contención de una institución pública.

Pone de relieve que con el objeto de generar una herramienta que coadyuve a abordar integralmente la problemática de la violencia de género, resulta pertinente ofrecer a las mujeres víctimas de violencia doméstica la posibilidad de acceder a las prestaciones del Seguro de Capacitación y Empleo, en tanto política pública destinada a mejorar las condiciones de empleabilidad y a apoyar la inserción en empleos de calidad de trabajadoras y trabajadores.