El proyecto presentado por el diputado del PRO Julián Obiglio y acompañado por su par del Frente Peronista; Carlos Brown, fue elaborado en base a los reclamos de las organizaciones que luchan contra este flagelo.
Su objetivo es el de acelerar las acciones y la coordinación de tareas de las instituciones a cargo de las pericias.
Al respecto Obiglio destacó: “No es posible que por cuestiones ideológicas o de disputa política se haga oídos sordos a proyectos que pueden ayudar a salvar vidas. Todos los especialistas coinciden en que las primeras horas o minutos, inmediatamente detectada la desaparición, son fundamentales para llegar a resolverlas de manera satisfactoria, por eso es tan importante actuar rápido y de manera coordinada”.
El PAIDEP, que de crearse dependerá de la Unidad Fiscal de asistencia en secuestros extorsivos (UFASE), especifica los pasos a seguir en cada investigación que se active a partir de las denuncias de desaparición de personas y en la comunicación e información a la prensa y otros actores no involucrados en la investigación, respecto de los avances en las pesquisas.
En relación a su alcance, el Protocolo se aplicará a todos aquellos casos de desaparición de personas, incluyendo aquellos caratulados policialmente como “fuga de hogar”, “averiguación de paradero” o cualquier otra denominación similar. En estos casos, las fuerzas de seguridad deberán dar inmediata actuación a la Justicia, sin mediar ningún tipo de valoración de su parte acerca de las características del caso o sus involucrados.
La Justicia será la encargada de liderar la investigación, con la colaboración de la UFASE y las fuerzas policiales. Entre las primeras medidas que deberá llevar adelante será la de indagar la posibilidad de enemistad o conflicto personal que pueda sufrir la víctima con alguna Fuerza de Seguridad interviniente en la investigación o con alguno de sus miembros. Si esto fuese así, el juez deberá desplazar de la investigación a esa fuerza y dar intervención inmediata a otra, ya sea federal o provincial, según corresponda.
El proyecto también prevé la protección de los testigos que puedan aportar datos para la resolución de la causa, así como las pautas para la vinculación con los medios de comunicación masiva, puestos de policía caminera, pasos de frontera, puertos y aeropuertos que ayuden a difundir la descripción de la persona extraviada o de los posibles captores.
Con el fin de no demorar la investigación, el Protocolo indica que se deberán hacer todos los registros y allanamientos múltiples y simultáneos que sean necesarios. También se asegura la garantía de los familiares de la victima de poder acceder sin restricciones a la investigación, a la vez que se contendrá a la persona señalada como posible agresor, para evitar que interfiera en las pesquisas y al mismo tiempo proteger su integridad.
Finalmente el PAIDEP indica que las investigaciones por desaparición de personas no deben ser cerradas hasta que se conozca el paradero de la persona buscada y que todas las fuerzas administrativas o judiciales que intervengan en la investigación deberán tener rápido acceso a la información y avances logrados.
Obiglio confió en que todos los bloques acompañen la iniciativa: “Si algún diputado tiene dudas, que se tome cinco minutos para ver las fotos de Sofía Herrera, Candela Rodríguez, Jorge Julio López, Sofía Viale, María Cash, Marita Verón o la de Ángeles Rawson. Todos esos rostros son la evidencia más certera de que las cosas se hicieron tarde y mal, pero a partir de ahora podemos evitar casos similares para que en nuestro país no haya un solo desparecido más”.
En noviembre del año pasado se presentó este Proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de crear el primer Protocolo de acción e investigación para casos de desaparición de personas (PAIDEP). La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación penal y Presupuesto y hacienda.