Legisladores latinoamericanos debatieron sobre seguridad y defensa

Declaración de Antigua  

Las y los parlamentarios que participamos en la Tercera Reunión de Parlamentarios y  Expertos en Seguridad Regional y Defensa en América Latina, realizada en Antigua,  Guatemala, el 12 y 13 de junio de 2013, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert,  Teniendo en cuenta:  

• Que en el mundo de hoy la gobernanza y la estabilidad democráticas regionales  son elementos clave para una inserción exitosa en el sistema internacional  

• Que el sector de seguridad y defensa en todos los países debe contar con una  conducción civil y democrática clara en el marco de su propia normativa interna  

• Que es fundamental e imperativo garantizar permanentemente que en la región  prevalezca la democracia, dignidad y soberanía de nuestros Estados  

• Que una arquitectura regional de seguridad y defensa cooperativa es fundamental  para solucionar conflictos inter e intraestatales, generar medidas de confianza, promover la integración regional y enfrentar más efectivamente las amenazas que  surgen del crimen transnacional organizado  

• Que en Estados democráticos debe haber una clara separación de funciones y  ámbitos de operación entre las fuerzas encargadas de la seguridad pública y las de  defensa. En tal sentido las labores de seguridad pública deben estar bajo la  dirección de la autoridad civil y ser ejecutadas por cuerpos policiales profesionales  con la cooperación de otras instituciones del Estado, cuando sea necesario  

• Que una seguridad ciudadana efectiva solo puede darse en un régimen  democrático que respete plenamente las libertades y los derechos humanos  

• Que la presencia de violencia asociada al crimen organizado y sus diversas  manifestaciones se explica, en buena medida, por la debilidad o ausencia de  instituciones públicas. Por ello se requiere mayor presencia y fortaleza del Estado  a través de la fuerza pública y de servicios sociales básicos en nuestros territorios,  dada la capacidad corruptora del crimen organizado y la amenaza que representa  para las instituciones democráticas  

• Que identificamos como los crímenes más serios los que violan directamente los  Derechos Humanos de sus víctimas y los que aumentan la violencia asociada al  crimen organizado (comercio ilegal de drogas psicoactivas, trata de personas,  tráfico de armas, secuestro, entre otros), que afectan la dignidad humana y  amenazan la gobernanza democrática y la economía de nuestros países, y a los  que debemos atender con prioridad implementando medidas y mecanismos de  combate efectivos, con enfoque en las víctimas, en el marco del respeto a los  Derechos Humanos • Que se debe buscar el debilitamiento real del crimen organizado y superar la  visión de guerra contra las drogas que no ha sido eficaz  

• Que el tráfico de armas es uno de los factores determinantes en la incidencia o  incremento de altos niveles de violencia en nuestros países, por lo que es  necesario identificar a las fuentes principales de fabricación, comercio y  

transporte de armas ilegales y articular acciones conjuntas a fin de impedir este  comercio  

• Que miles de migrantes latinoamericanos viven una crisis humanitaria y que,  además de estar expuestos a los abusos de las policías locales son víctimas del  crimen organizado a través del secuestro, la extorsión, la trata de personas e  incluso el asesinato  

Declaramos:  

• Que es necesario avanzar en una mayor integración regional al establecer y  fortalecer los mecanismos regionales necesarios para generar medidas de  confianza y apoyar la solución pacífica de conflictos.  

• Que nos comprometemos a plantear y dar seguimiento en todos los espacios  parlamentarios a los temas tratados en esta Declaración.  

• Que es importante que los parlamentos de nuestros países tengan un papel más  activo en los asuntos de seguridad y defensa. Nos comprometemos a buscar  acercamientos entre las fuerzas progresistas representadas en cada uno de  nuestros parlamentos para promover decididamente que se haga un mejor y  mayor seguimiento y fiscalización de las políticas y la gestión del sector de  seguridad y defensa, inclusive en lo que se refiere al presupuesto y a la  trasparencia en el gasto.  

• Que las fuerzas progresistas de la región debemos promover debates  permanentes sobre las políticas de seguridad y defensa, proponiendo cuál debería  ser el papel de las comisiones parlamentarias encargadas del tema (iniciativas de  leyes, fiscalización, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas).  

• Que se promueva la participación de actores sociales no gubernamentales  comprometidos con el Estado de Derecho Democrático en la discusión y  seguimiento de los asuntos de seguridad y defensa.  

• Que debemos potenciar el papel de los Estados y el fortalecimiento de sus  instituciones para la lucha contra crimen organizado y que es necesario  incrementar su presencia en los territorios fronterizos de nuestros países.  

• Que la lucha contra del crimen organizado transnacional y sus efectos debe  dirigirse a las causas profundas y a los incentivos que lo fomentan; no solamente a sus efectos más visibles, entendiendo que su reducción no depende solamente de  medidas de seguridad.  

• Que es necesario exigir mayores restricciones a la venta de armas en los países  que las producen así como medidas que impidan su tráfico hacia Latinoamérica.  

• Que nos comprometemos a impulsar en nuestros países la firma y ratificación del  Tratado sobre Comercio Internacional de Armas de 2013 y legislaciones nacionales  sobre el control de armas ilícitas.  

• Que es imprescindible que los gobiernos tomen medidas urgentes para  salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes latinoamericanos en el  camino hacia su destino, y que se establezcan medidas coordinadas para que  puedan transitar legalmente por nuestros países sin necesidad de vincularse con  organizaciones delictivas y evitando la criminalización del migrante.  

• Que se debe respetar el derecho de cada país a establecer su propia regulación de  sustancias psicoactivas, sin que esto sea una limitación a la posibilidad de  implementar políticas y medidas multilaterales.  

• Que la lucha efectiva contra el crimen organizado pasa por reducir sus ganancias  económicas y desmantelar sus estructuras financieras para lo cual es fundamental  fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, así como hacer énfasis en las labores  de inteligencia y cooperación internacional para ubicar sus recursos en el sistema  financiero mundial.  

• Que hay que tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública,  eliminar las penas de cárcel para los consumidores y hacer énfasis en el  tratamiento de adictos y consumidores problemáticos así como en el estudio de  posibles programas de reducción de daños.  

• Que el progresismo latinoamericano debe promover el debate global sobre la  cuestión de las drogas y su consumo como un problema mundial, que no  diferencia entre países consumidores y productores a fin de elaborar propuestas  que permitan reformar las políticas internacionales sobre drogas de acuerdo con  los lineamentos planteados en los puntos anteriores.  

Se firma en Antigua, Guatemala, el 13 de junio de 2013  

Alejandro Encinas -Senador del Partido de la Revolución Democrática -México  

Alessandro Molon -Diputado del Partidos de los Trabajadores -Brasil  

Benito Lara -Diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -El Salvador  

Carmen Muñoz -Diputada del Partido Acción Ciudadana -Costa Rica  

Fabián Peralta -Diputado Nacional del Partido GEN -Argentina  

Fernando Belaunzarán -Diputado el Partido de la Revolución Democrática -México  

Fernando Bustamante -Asambleísta de Alianza País -Ecuador  

Guillermo Rivera -Representante a la Cámara del Partido Liberal -Colombia  

Marianela Paco Durán -Diputada del Movimiento al Socialismo -Bolivia  

Tomás Guanipa -Diputado de Primero Justicia -Venezuela