Intervención Audiencia Pública Servicio de Higiene Urbana(17/1/2013).Expositor Juntista Comuna 7, Jorge Orovitz Sanmartino.

Buenas tardes a todos, agradezco la presencia del ministro y las autoridades en esta audiencia. Esta licitación determinará las condiciones del servicio para los próximos 10 años. No hace falta detenerse mucho en las cifras pormenorizadas que muestran cuán lejos está la Ciudad de las metas propuestas por la ley 1854 denominada de basura cero, sancionada en 2006 y que preveía una reducción del 50% de la basura enviada a entierro en 2012. Al momento, la promesa de contenerizar toda la ciudad, que estaba contemplada para septiembre del 2012, está más lejos que nunca, peor incluso, falta al día de hoy la reposición de 4500 contenedores. Además, el gobierno no ha impulsado ninguna norma para hacer realidad esta ley, con medidas tendientes a la disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del fabricante sobre sus productos. Tampoco se ha promovido desde el gobierno local ni desde el nacional, una ley de envases ni de residuos electrónicos. La Ciudad está más sucia que nunca. La “ciudad verde” se la puede encontrar sólo en el marketing publicitario mientras que la realidad es una ciudad marrón, más bien marrón oscuro. No sólo hubo un fracasó en diseñar una política global para la gestión de los residuos en la Ciudad, sino también en la simple gestión cotidiana de la misma, fracasó en el control de las empresas, en la reposición y limpieza de contenedores, fracasó en su misma lógica de darle todo el poder a un grupo de empresarios a costa del erario público. El sistema en su conjunto, basado en la privatización del servicio, con un costo casi 3 veces mayor a la administrada por la empresa del Ente del Estado, está a la vista.
Estas son las circunstancias y el contexto en el que se discute el nuevo pliego para la licitación del servicio de higiene urbana. Y lo primero que surge de la lectura del mismo es que el gobierno propone que sigamos más o menos como hasta ahora, basados en el mismo esquema de recolección, otorgando concesiones millonarias a un puñado de empresas que se benefician con la cantidad creciente de basura que se genera. Un pliego que no está en sintonía con la ley 1854 que se proponía concientizar a los vecinos y a los grandes generadores acerca de la necesidad de la separación en origen de residuos, sino que es un eslabón de una arquitectura diferente, como lo vemos con la planta de Tratamiento Mecánico Biológico de basura del Ceamse recién inaugurada en José León Suarez, un negocio redondo para Roggio que desestima la separación en origen. De esta manera se incentiva el paternalismo privatista, se desaconseja la tarea ciudadana de separación domiciliaria y se sigue ofreciendo a la patria contratista jugosos negocios con la basura. ¿Realmente deben, quieren los vecinos de Buenos Aires pagarle a Roggio para que sea él quién separe los residuos sólidos de los húmedos en vez de hacerlo en nuestras propias casas? Mientras que en algunas ciudades del mundo las empresas pagan por llevar basura que procesan, aquí debemos pagar un canon que todavía no sabemos a cuánto asciende. Lo que es seguro es que pagamos por el transporte de la basura y ahora comenzaremos a pagar por la separación de la basura. Falta aun la cadena que informó el ministro cuando menciona las nuevas tecnologías, es posible que debamos pagar también por producir energía con esa basura. Este modelo de gestión es presentado como el paradigma de la gestión de residuos en Europa y EEUU, pero allí el eje de su tratamiento pasa por la separación en origen y una concientización cada vez mayor que incluye sanciones económicas y multas para los generadores y consumidores que no respetan las normas vigentes. Aquí se sustituye toda esta experiencia por un sistema carísimo orientado por el lucro privado. Por eso no se contempla más que pocos contenedores de reciclados, aproximadamente uno cada 4 cuadras, porque el eje no pasará por las cooperativas de recuperadores ni por las acciones en el hogar (que son marginales en el esquema de la gestión actual) sino por el tratamiento en destino, en oposición a la ley de basura cero.
Respecto al pliego de licitación, en relación a las villas hay un avance real que es necesario reconocer, es el fruto de una labor importante de muchos actores de la sociedad civil. Pero como lo demuestra el informe de la ACIJ, resulta todavía discriminatorio al no ofrecer servicios especiales que si se ofrecen en las otras zonas y sobre todo porque no da pautas rigurosas a las empresas como sí lo hace para otras zonas. Como responsable del Área de Higiene Urbana de la Comuna 7 les puedo decir que las empresas en la villa 1.11.14 hacen lo que quieren, pasan cuando quieren y recogen la basura como quieren, sin control ni especificaciones.
Quiero referirme ahora al nulo rol que el pliego y la política oficial del gobierno les asignan a las comunas. El régimen de penalidades es aplicado directamente por DGLIM (Dirección General de Limpieza). Así el ministerio concentra las funciones de administración y control. En realidad, quién mejor puede asegurar, por proximidad y pericia, la fiscalización del mismo es la institución comunal en consonancia con lo expresado en el art. 11º inc a) de la Ley Nº 1777. Además para ello cuenta con la posibilidad de la creación de un cuerpo de inspectores. La Comuna cuenta hoy con poder de policía y, mediante el sistema SUACI-SAP de gestión electrónica, puede gestionar de manera cotidiana la fiscalización y control de manera inmediata, de la misma manera que se realiza con las empresas de servicios de aceras, arbolado, luminarias y bacheo. El Ente Regulador debería ser juez y última palabra respecto a las multas y seguimiento del servicio. Pero evidentemente el ministerio desea acaparar todo el circuito del servicio de higiene urbana sin permitir que los órganos naturales de fiscalización hagan su tarea.
La tramitación de quejas y reclamos se prevé únicamente por la línea 147, y se omiten formas de recepción de reclamos vecinales por la Comuna. Es un retroceso respecto del método anterior, pues el 147 es sumamente deficiente. A su vez, la comunicación, difusión y educación está definido por el Contratista en un Plan Anual que le aprueba DGLIM, sin participación comunal. El pliego no incorpora el decreto 390/05, que creó las Comisiones de Higiene Urbana en cada comuna. Estas comisiones permiten reunir mensualmente a las empresas, la DGLIM, el Ceamse y el Ente junto a la comuna y los vecinos para elevar reclamos, generar propuestas y en general permitir por parte de la comuna una auditoría social. Este mecanismo debe ser incluido en el pliego, pero mejorado. Pues sus límites son evidentes, toda vez que la empresa no está obligada a rendir cuentas más que a la DGLIM, la comuna no puede hacerse con el plan mensual de cada empresa y por lo tanto no puede fiscalizarla, con lo que la auditoría social queda más como algo decorativo o una sumatoria de reclamos vecinales que como un control serio sobre la labor, muy deficiente hasta ahora, de las empresas. El pliego debe incluir, por lo tanto, la obligación de las empresas de rendir cuentas a la Comuna como órgano institucional de fiscalización, tarea para la cual la comuna fue encomendada por la ley 1777 y por el voto popular.
Conclusión
En conclusión, el pliego propuesto es más continuidad de un fracaso que un punto de inflexión nuevo en el tratamiento de los residuos. Insiste con darle todo el poder a las empresas y en gestionar el servicio de higiene urbana en función del negocio de la basura y no en los preceptos de la ley de basura cero, cuyo pilar es la separación en origen. Es discriminatorio respecto a las villas e hipercentralista, relegando a las comunas en su tarea natural de fiscalización y control de los servicios públicos. Y en general, está en consonancia con un sistema general local y nacional de tipo consumista y favorable a los intereses de grupos capitalistas que se hace cargo del daño y los costos ambientales generados por las empresas, que no promueve la exigencia de que cada productor es responsable por los residuos que genera, que no promueve una Ley Nacional de Envases, que no modifica costumbres y hábitos ni promueve la separación en origen, ni encuentra nada importante en la educación ciudadana ni en la punición de la irresponsabilidad ecológica. Por tal motivo es necesario repensar el pliego y el conjunto de medidas respecto a la gestión de residuos en consonancia con los principios de justicia social y ambiental, y fiscalización y control democrático.