El ministro de Justicia y Derechos Humanos recibió a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y le informó que el gobierno colaborará en las tareas de restitución de identidad. Es parte del proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado desde 2003, dijo Julio Alak
Julio Alak, recibió a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y confirmó que el Gobierno nacional ofrecerá recompensas de 100 mil pesos a las personas que aporten datos determinantes para dar con el paradero de los menores que hayan sido sustraídos durante la dictadura cívico militar.
El funcionario, que estuvo acompañado por los secretarios de Justicia y de Derechos Humanos, Julián Álvarez y Martín Fresneda; por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y la coordinadora del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, Marina Ruiz, explicó que la medida apunta a “colaborar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de menores a través de la supresión de sus identidades”.
Alak recordó que “si bien el arduo y complejo trabajo de las Abuelas y la justicia permitió la restitución de 108 jóvenes, todavía debemos encontrar otros chicos a los que el terrorismo de Estado les privó su auténtica identidad”.
Por su parte, la presidenta de Abuelas reivindicó la voluntad del Estado de poner al servicio del encuentro de los hijos de desaparecidos una herramienta que ya se utiliza para investigar otros graves delitos. En ese sentido, aseguró: “Para nosotras es una nueva esperanza, porque, aunque sea por interés, ayudará a buscar”.
A través del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecerá en todo el país, en el marco de la Ley 26.538, la suma de cien mil pesos a aquellas personas, que sin haber participado en el hecho o haber sido víctimas del delito, brinden información determinante para dar con el paradero y lograr la consecuente libertad de quienes hayan sido víctimas del delito de sustracción de menores durante el terrorismo de Estado que azotó al país entre 1976 y 1983, y permitan restituir la identidad a esas víctimas.
Se explicó que la identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto, y que no podrán ser beneficiarios de la recompensa funcionarios públicos, personal en actividad o retirado de las fuerzas de seguridad ni de los organismos de inteligencia, como así tampoco los integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y sus familiares.
Por Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron en el acto de hoy, junto a Estela de Carlotto, el secretario de la entidad, Abel Madariaga; el coordinador jurídico, Alan Iud, y Mariano Gaitán, abogado querellante.